Durante las últimas semanas, hemos visto cómo la preocupación por la relación existente en el binomio niños-tecnología ha ido creciendo entre la ciudadanía. Pero debemos de tener claro que hay tres debates encima de la mesa y no debemos mezclarlos ni confundirlos. Por un lado, está la limitación del acceso a los menores a los dispositivos digitales, que es sobre lo que trataremos hoy en esta reflexión; por otro, la regulación de la presencia y uso de estos dispositivos personales en el aula, algo que ya está regulado en muchos centros educativos e, incluso, prohibido, en algunas CCAA; y, por último, sobre la digitalización, o no, del centro educativo, y acerca de esto debemos de saber que la adquisición de competencias digitales por parte de cuerpo docente, para luego implementar metodologías de tecnología educativa en el aula, es algo obligatorio ya por ley, con formación basada en aspectos más técnicos, como apps, plataformas y herramientas digitales, pero también sociales, como el respeto digital, la identidad o huella digital y el uso seguro de la tecnología.
La ‘presión social’ a la hora de dar el primer dispositivo
Lo que comenzó en un chat de WhatsApp entre varios padres y madres de Barcelona para reflexionar sobre el acceso de los niños al primer móvil, se ha convertido en pocas semanas en cientos de familias desde diferentes comunidades autónomas agrupándose para recoger firmas y exigir al gobierno una nueva legislación que restringa el acceso de los menores de dieciséis años a los smartphones.
El motivo principal que argumentan es que estos dispositivos son la puerta de entrada a todos los riesgos online (ciberbullying, sexting, grooming, adicción, estafas) y que los menores a esas edades, en especial cuando están actualmente accediendo a esta tecnología (entre los 11 y los 12 años), no tienen el desarrollo cognitivo ni madurativo para ello. Pero tal y como han reconocido en algunas intervenciones en medios las propias madres organizadores del movimiento, hay otros porqués detrás, y es que la mayoría de las familias, cuando llegan a casa del trabajo, no tienen ni el tiempo ni el ánimo para tener que ponerse a formar y educar a sus hijos en este nuevo entorno.
¿Y qué significa todo esto?
Vayamos por partes. Por supuesto no podemos banalizar los riesgos que la tecnología, como herramienta que es, entraña, o, mejor dicho, que el mal uso de esta conlleva; desde los problemas de un uso abusivo de diferentes apps o plataformas; el acceso a contenidos inapropiados por parte de los menores; los causados por falta de privacidad y seguridad, incluso ciberseguridad; o cuando la tecnología es empleada para causar daño a otros. Pero tal y como reflexionamos siempre desde Movistar, cuando se hace un buen uso de la tecnología, esto permite a los menores disfrutar de todas las actividades digitales: socializar con su grupo de amigos, aumentar sus aptitudes creativas e innovadoras sobre sus contenidos favoritos o desarrollar nuevos intereses, etc.
Y para que esto sea posible, es necesario todo un proceso de educación y formación antes de darles los primeros dispositivos digitales, para que entiendan qué es la tecnología con sus pros y sus contras, como con cualquier otra herramienta que vayan a utilizar, y con supervisión y acompañamiento una vez comiencen a utilizarla. Así que, esto nos deja claro que es imposible pensar que la adquisición de competencias digitales y conocimiento de un buen manejo de los dispositivos pueda llegar por “ciencia infusa” sin un trabajo y una implicación por nuestra parte, como padres, y también de los centros educativos. Por tanto, igual de imposible es pensar que, de repente, a los dieciséis años, aprenderán ‘mágicamente’ y adquirirán todo este conocimiento del entorno digital, por mucho que, obviamente, sepamos que pueda tener más madurez y responsabilidad un adolescente de dieciséis años que uno de trece o catorce.
Cuando prohíbo, me pierdo la oportunidad de educar
“Educar implica permitir un uso progresivo y conceder libertad de uso en la medida en que se desarrolla la capacidad para ello.” Así lo explica José César Perales, catedrático del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. Y este concepto, también me sirve para rebatir el otro argumento con el que comparan las familias el dar el smartphone: el de conducir un coche. Cuando nuestros hijos pueden sacarse el carné de conducir, no se presentan al examen sin saber hacerlo, como es lógico, sino que tienen que cursar una serie de clases para aprender a utilizar el coche. Habrá algunos que tengan que tirar de clases y clases porque no sean tan duchos y otros cuya habilidad les permita aprender de forma mucho más ágil. El hecho de que haya un límite legal de edad para hacerlo (en España 18 años, en otros países 16), sin duda, tiene relación con la peligrosidad de esta tecnología y las posibles consecuencias que puede tener.
Por todo ello, podemos decir que, tanto para aprender a conducir como para usar el smartphone necesitamos formarnos y, además, hacerlo progresivamente utilizando la propia herramienta, pero los riesgos que entraña el uso de este último no justifican el que se tenga que limitar ni legislar su acceso como en el caso de la conducción.
Lo que sí importa. En lo que debemos trabajar conjuntamente
En lo que debemos trabajar todos los agentes implicados en la educación y formación de los niños y adolescentes, las familias y centros educativos, así como las instituciones y administraciones que deben velar por proteger sus derechos, es en un objetivo común que aúne, por un lado, la educación y formación de los menores para un buen uso de la tecnología, por otro, la capacitación y orientación a los padres y madres con recursos para poder hacerlo, y, la supervisión por parte de los organismos competentes a las plataformas para que cumplan sus obligaciones de ofrecer una tecnología ética que no ponga en riesgo a los menores, tomando medidas para ello como la verificación real de la edad de acceso, el control y eliminación de los contenidos ilegales e ilícitos dentro de sus sitios, la verificación de contenidos para evitar los bulos y desinformación, etc.
Es decir, medidas de protección y prevención de riesgos para los menores, ahora en el entorno digital, que sigan las ya establecidas en la LOPIVI, pero que no supongan limitar o eliminar los propios derechos que tienen los niños y adolescentes como ciudadanos digitales que son ya hoy día.